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En una nueva decisión sin precedentes, Donald Trump ha firmado este miércoles una orden ejecutiva para encargar una investigación federal sobre la gestión de su ... predecesor en la Casa Blanca, Joe Biden. Se trata de la primera vez que un presidente estadounidense pretende escrutar la actuación de un antecesor en el Despacho Oval y cuestiona si estaba en plenas facultades mentales para ejercer el puesto. El mandatario republicano quiere saber si el demócrata abusó de la firma automática a través de un bolígrafo 'autopen' durante su mandato, volviendo a aludir a un «deterioro cognitivo» del vicepresidente de Barack Obama.
Trump aviva así las extravagantes teorías de la conspiración sobre Biden. Durante el pasado fin de semana ya había compartido en redes sociales una publicación que aseguraba que su predecesor había sido «ejecutado» en 2020 y reemplazado por un clon robótico, siguiendo así las especulaciones del presidente y sus correligionarios sobre que el demócrata era un títere mentalmente incapacitado y que estaba siendo manipulado por sus asesores.
Biden ha reaccionado negando la mayor. El expresidente ha negado las acusaciones de su sucesor a través de un comunicado en el que ha defendido que fue él mismo quien ejercía el poder durante su mandato. «Seamos claros: yo tomé las decisiones durante mi presidencia. Tomé las decisiones sobre los indultos, las órdenes ejecutivas, la legislación y las proclamaciones. Cualquier sugerencia de que no lo hice es ridícula y falsa», ha expresado.
El demócrata ha calificado además el memorando de la Casa Blanca como una «distracción» del actual mandatario y de los republicanos para ocultar la «legislación desastrosa que recortaría programas esenciales como Medicaid y aumentaría los costos para las familias estadounidenses, todo para financiar exenciones fiscales para los ultrarricos y las grandes corporaciones».
La polémica llega después de que en las últimas semanas se revelara que el exmandatario demócrata anunciara un diagnóstico de cáncer de próstata avanzado y a raíz de un renovado escrutinio de su salud durante su Gobierno. Desde su regreso al Despacho Oval, Trump ha emprendido una campaña de represalias contra sus supuestos enemigos, con Biden como principal objetivo. Con este fin, le ha retirado la autorización de seguridad y ha ordenado investigaciones sobre la gestión de diversos asuntos de su Administración.
La fiscal general, Pam Bondi, y el asesor jurídico de la Presidencia, Stanley Woodward Jr., encabezarán las pesquisas para dilucidar «si ciertas personas conspiraron para engañar al público sobre el estado mental de Biden y ejercer inconstitucionalmente las autoridades y responsabilidades del presidente», según la orden firmada por el mandatario.
«En los últimos meses, se ha vuelto cada vez más evidente que los asesores del expresidente Biden abusaron del poder de las firmas presidenciales mediante el uso de un autopen para ocultar el deterioro cognitivo de Biden», ha asegurado la presidencia en un comunicado remitido a los medios en el que ha señalado que, de confirmarse, «tendría implicaciones para la legalidad y validez de numerosas acciones ejecutivas».
Así, Trump pretende abrir la puerta a anular la legislación aprobada por su predecesor en el cargo. «La Casa Blanca emitió más de 1.200 documentos presidenciales, nombró a 235 jueces federales y emitió más indultos y conmutaciones que cualquier otra administración en la historia de Estados Unidos», dice la orden ejecutiva, tras sostener que «los asesores del expresidente Biden abusaron del poder» de su cargo.
El principal argumento de este relato es que usar el bolígrafo 'autopen' -un sistema que reproduce la firma de una persona para estamparla en documentos oficiales- puede anular la legislación aprobada mediante esta fórmula. Por ejemplo, Trump ha denunciado que los indultos otorgados por Biden durante su mandato no son válidos porque se firmaron con este bolígrafo automático. Aunque ni la Constitución ni la jurisprudencia permiten revocar estos perdones.
El actual mandatario ha reconocido que su Administración utiliza el sistema de 'autopen' de forma ocasional. Sin embargo, su orden ejecutiva afirma, sin pruebas, que su uso por parte del Gobierno anterior podría tener implicaciones para la legalidad y validez de algunas de sus acciones como presidente.
La Oficina de Asesoría Jurídica del Departamento de Justicia ya se había pronunciado sobre este asunto en 2005 a petición del presidente George W. Bush. Entonces Howard C. Nielson Jr., el principal responsable de la institución, concluyó que «el presidente no necesita personalmente estampar su firma en un proyecto de ley que aprueba y decide firmar para que este se convierta en ley». Añadió que, en cambio, el presidente podría ordenar a «un subordinado que estampe su firma en dicho proyecto de ley, por ejemplo, mediante una firma automática».
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