El Gobierno Vasco eleva a tres años el empadronamiento exigido para acceder a una VPO

El cambio formará parte de una batería de iniciativas que se van a incluir en el decreto de medidas urgentes que prepara el Ejecutivo y que se prevé que pueda ser aprobado por el Consejo de Gobierno antes de que acabe el año. Se trata de un documento cuyo primer borrador fue presentado en abril y que servirá de complemento para la Ley de Medidas Urgentes cuya tramitación parlamentaria arrancó el pasado martes y que también debería entrar a vigor a finales de 2025. Mientras este «retoque» de la Ley del Suelo acarreará reformas estructurales que pretenden acelerar la construcción de vivienda protegida, el decreto plantea acciones de efecto inmediato dirigidas a los demandantes de VPO.

La revisión del periodo de empadronamiento en Etxebide no aparecía en las primeras versiones del decreto que se hicieron públicas antes de Semana Santa, pero finalmente será uno de los dos cambios que afectarán al Servicio Vasco de Vivienda junto al aumento del cupo de pisos destinados a jóvenes menores de 36 años. Serán el 50% de todas las promociones. La revisión al alza de la antigüedad es una petición expresa de varios ayuntamientos. Las fuentes consultadas lo atribuyen a la necesidad detectada en algunas localidades de 'compensar' de algún modo a los vecinos 'de siempre' en un momento en el que la demanda rompe récords mientras la oferta permanece estancada.

Aunque el critero general pasará ahora a ser el de reclamar tres años de empadronamiento, o en su defecto cinco de los últimos diez, también se dejará abierta la puerta para que los consistorios que lo pidan puedan mantener el baremo actual. Esto es, simplemente acreditar que se está inscrito en el padrón de algún municipio vasco. Hay ayuntamientos que prefieren esta opción, especialmente en Gipuzkoa, ante el riesgo de sufrir un bajón de habitantes por tener poco suelo.

El decreto de medidas urgentes contempla cuestiones que requieren la colaboración de los ayuntamientos, como es el caso de la flexibilización de ordenanzas municipales para impulsar la reconversión «total o parcial» de edificios de uso industrial y locales comerciales vacíos en viviendas, pero también otras cuyo efecto será automático en cuanto el texto obtenga el visto bueno definitivo. Es el caso de la actualización del derecho subjetivo a la vivienda, que está reconocido en Euskadi desde la aprobación de la ley autonómica en 2015. Esta condición permite acceder a un alquiler social, y la novedad es que se van a incrementar 1.000 euros los ingresos máximos permitidos. Pasarán a ser 14.000 para un demandante, 18.000 para familias de dos miembros y 20.000 para las de tres o más.

Respecto al programa Gaztelagun, la ayuda de 300 euros mensuales para el pago del alquiler de una vivienda libre que pretende facilitar la emancipación de jóvenes hasta 36 años, también se modificarán al alza los ingresos máximos que permiten beneficiarse de la prestación. Serán 30.000 euros brutos anuales para un demandante, 36.7644 para parejas o familias y 39.184 para familias numerosas.

Las grandes novedades, en todo caso, estribarán, por un lado, en la posibilidad de que la empiecen a percibir dos personas que comparten vivienda arrendando cada uno una habitación. Por otro, en que se aumenta el tope del alquiler que permite cobrar la ayuda para hacer frente a los desbocados precios del mercado libre. Se aceptarán mensualidades de hasta 900 euros en las tres capitales, de 800 en las zonas metropolitanas de Bilbao, San Sebastián y en los municipios de más de 10.000 habitantes, y de 750 en el resto de localidades.

El Gobierno también revisará Bizigune, el programa por el que gestiona pisos que ceda la ciudadanía para que sean ofrecidos en alquiler a un precio menor al del mercado.